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Es decir, las potestades de escoger a sus autoridades, seleccionar a sus profesores, administrar su presupuesto, etc., tienen sentido en la medida en que posibilitan que la actividad académica se realice sin ninguna interferencia externa que pueda comprometer su imparcialidad”.

De esta manera se refirió la actual Sala Electoral del Tribunal de Cierre de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, del Consejo de Estado, en el fallo proferido el pasado 15 de octubre en relación con la demanda de nulidad de la Resolución 016 del 25 de marzo de 2015, proferida por el Consejo Superior Universitario de la U.N., “Por la cual se designa al profesor Ignacio Mantilla Prada como Rector de la Universidad Nacional de Colombia para el período institucional 2015–2018”.

La autonomía universitaria es absoluta e ilimitada, puesto que debe ser ejercida de forma imparcial, razonable y con respeto de los derechos y garantías reconocidos por la Constitución Política, concluyeron los magistrados Lucy Jeanette Bermúdez, Carlos Enrique Moreno Rubio y Alberto Yepes Barreiro. 

Al respecto, Pablo Cáceres Corrales, expresidente de la Corte Suprema de Justicia, exconsejero de Estado y apoderado de la U.N. en este proceso judicial, señala que con este fallo el Consejo de Estado respeta la autonomía universitaria, que es un concepto de validez universal y una decisión constitucional, pues sin ésta no habría ciencia ni conocimiento.

La autonomía universitarita, sostiene el docente de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la U.N., indica que la estructura de la Universidad en sus funciones las adopta el ente mismo, régimen que consagran las constituciones de 1886 y 1991 (en su Artículo 69).

En ese sentido, la controversia giraba en torno al principio de publicidad  del proceso adelantado para la designación del profesor Ignacio Mantilla Prada como rector de la U.N., por la no publicación en el Diario Oficial tanto del cronograma establecido como del acto de designación del docente.

Proceso no viciado

Para esclarecer si el mencionado principio fue trasgredido o no, en el  documento los magistrados recuerdan que dicho procedimiento se rige únicamente por las normas establecidas por la U.N.

Entre la normativa examinada se encuentra el Acuerdo No. 011 del 12 de marzo de 2005 o Estatuto General; el Acuerdo No. 021 del 9 de septiembre de 2008, por el cual se reglamenta la elección del Rector, y la Resolución No. 278 del 22 de noviembre de 2011 que reglamenta el procedimiento para adelantar consulta previa a la comunidad académica dentro del proceso para la designación del Rector.

Según los magistrados de la Sala, el proceso de designación del rector de la U.N. está reglamentado en las normas referidas, además, la Institución cuenta con el Sistema de Información Normativa, Jurisprudencial y de Conceptos–Régimen Legal, el medio oficial de publicación de los actos administrativos.

Dentro de la evidencia analizada se encuentra también que para garantizar que la comunidad se enterara de dicho proceso y que pudiera participar en él, se realizó una publicación en el diario El Tiempo.

En definitiva, el fallo concluye que el acto de elección del Rector de la U.N. no se encuentra viciado, pues se cumplieron los actos de trámite conforme a las normas dictadas para tal efecto por la Universidad. Asimismo, el hecho de que dicho acto no hubiese sido publicado en el Diario Oficial tampoco genera su nulidad. 

Para el profesor Pablo Cáceres, la decisión del Consejo de Estado llama la atención sobre el carácter progresista de los magistrados que la conforman al recoger la realidad de la ciencia y la tecnología, cuyos medio electrónicos también se han convertido en aliados de las actuaciones administrativas, concluye.

Fuente: Agencia de Noticias Universidad Nacional