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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Las becas educativas son instrumentos que permiten compensar condiciones de desigualdad de diverso orden. Las brechas más preocupantes son aquellas que derivan de las condiciones de origen social, que tarde o temprano, terminan por manifestarse en resultados educativos igualmente desiguales. Hoy, los resultados más deficientes los tienen los niños y jóvenes que provienen de los medios rurales, indígenas u hogares con jefes de familia menos escolarizados o sin instrucción. Siguiendo este argumento, esperaríamos que un sistema de becas robusto tendiera a una mayor inclusión de jóvenes provenientes de los medios antes mencionados, así como acortar las diferencias de origen en los desempeños escolares, y especialmente, de los aprendizajes. En otras palabras, hacer un sistema más inclusivo y equitativo. 

Por esta razón, es importante la visibilización de distintos grupos sociales por una política de igualdad de oportunidades con equidad en la educación superior. 

Aquí debemos hacer un alto en el camino, y preguntarnos si esta estrategia de apoyo financiero está consiguiendo los propósitos redistributivos y compensatorios, o si en su defecto, estamos ante otra estrategia paradójica. 

Hasta ahora, las evaluaciones que han hecho seguimiento a los programas de becas, muestran indicadores positivos, aunque las investigaciones son sobre muestras parciales; especialmente porque muchos programas son de reciente instrumentación. Queda aún por valorar hasta qué punto las becas están contribuyendo a generar un sistema educativo más inclusivo, con mejores oportunidades para aprendizaje y egreso certificado, así como una eventual inserción laboral adecuada a las capacidades alcanzadas. Se requiere un sistema de becas robusto, porque las becas por sí mismas no lograrán crear espacios institucionales pertinentes e inclusivos a las experiencias educativas, necesidades, ritmos y capacidades de aprendizaje de los integrantes de los nuevos grupos que se incorporan a las instituciones. 

Este proyecto de ley, es el componente inicial a una tarea compleja que involucra a muchos actores y procesos, así como un gran esfuerzo de coordinación de la autoridad educativa para remediar los blindajes institucionales que solo contribuyen a la segmentación del sistema. 

Compartimos la visión del autor del Proyecto de ley, Representante Jaime Rodríguez Contreras, en el sentido que según el último reporte del Ministerio de Educación Nacional la tasa de cobertura bruta nacional en Educación Superior fue del 52.8%, para el 2017. Significa lo anterior que se presentó un crecimiento de 15 puntos porcentuales frente al año 2010 donde la cobertura alcanzó el 37.1%. Comparados con otros países, estamos con menor cobertura. Así, se puede registrar que Chile presenta una tasa del 74%, Argentina del 76% y los países promedio de la OCDE están próximos al 72%. Las estadísticas colombianas se vuelven preocupantes, si miramos que, al interior de los departamentos de Colombia, 24 de estas entidades territoriales están por debajo del promedio de la tasa de cobertura bruta nacional. 

El objetivo principal del presente proyecto de ley es garantizar el ingreso y permanencia en las Instituciones de Educación Superior Técnico, Tecnológico y Universitaria Pública de los jóvenes bachilleres. 

Estudios como el realizado por la iniciativa de la Casa Grande Caribe, que se centró en diagnosticar las principales problemáticas del sector educación en la región Caribe, es claro en indicar que el salto del bachillerato a la educación superior en todo el país, y particularmente en esta zona, se ve ampliamente afectado por una diversidad de razones, entre las que se encuentra la falta de un soporte económico por parte del núcleo familiar en el que habita el joven, lo que impide la continuación de su ciclo educativo y, por el contrario, incentiva la deserción escolar. Esta brecha, indica el estudio en cuestión, se hace más profunda si se comparan los ámbitos rural y urbano, haciéndose más evidente en el primero. Este mismo diagnóstico ha sido ratificado por la OCDE, que en su informe del año 2016 sobre la educación en Colombia, expuso su preocupación sobre el hecho de que el Sistema General de Participaciones no estuviera vinculando realmente al sector rural frente a la financiación de la educación. 

En esos términos, las becas se constituyen en una de las mejores formas de cooperación en todos los niveles institucionales. Por medio de estas, las personas pueden acceder al conocimiento científico y académico. 

Entre todos los aspectos positivos que conlleva la posibilidad de realizar estudios superiores existen aspectos fundamentales en la ayuda financiera representada en una beca, resaltando que es a veces la única forma en que personas de escasos recursos pueden acceder a estudios superiores y se constituye en una forma de estímulo o premio para aquellas personas talentosas y que ven en la academia y la ciencia su proyecto de vida para aportar a la sociedad. 

En este sentido, y teniendo en cuenta el gran valor que representa para una sociedad la educación, el sistema de becas debe ser protegido y fortalecido por las autoridades gubernamentales. 

Así las cosas, es fundamental tener en cuenta que el apoyo a quien, teniendo el talento, no cuenta con los recursos económicos, es prácticamente obligatorio dentro de una Estado social de derecho. Apostarle a la educación es aportarle al desarrollo científico y en últimas al desarrollo de la sociedad en su conjunto. 

Lo anterior dentro del marco establecido por la Constitución Política en el artículo 67 en el cual se establece: “La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura. 

La educación formará al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la democracia; y en la práctica del trabajo y la recreación, para el mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la protección del ambiente. 

El Estado, la sociedad y la familia son responsables de la educación, que será obligatoria entre los cinco y los quince años de edad y que comprenderá como mínimo, un año de preescolar y nueve de educación básica. La educación será gratuita en las instituciones del Estado, sin perjuicio del cobro de derechos académicos a quienes puedan sufragarlos. 

Corresponde al Estado regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia de la educación con el fin de velar por su calidad, por el cumplimiento de sus fines y por la mejor formación moral, intelectual y física de los educandos; garantizar el adecuado cubrimiento del servicio y asegurar a los menores las condiciones necesarias para su acceso y permanencia en el sistema educativo. 

La Nación y las entidades territoriales participarán en la dirección, financiación y administración de los servicios educativos estatales, en los términos que señalen la Constitución y la ley”. 

Como puede observarse es deber y obligación del Estado otorgar gratuidad de educación en todos los niveles, especialmente cuando el verdadero desarrollo integral de la persona depende de la Educación Superior, con lo cual se garantizaría la oportunidad de inclusión social y económica en un país productivo como el nuestro. 

La verdadera oportunidad para la juventud de nuestra nación es y será siempre la educación, pero no debemos conformarnos como hasta hoy, con ofrecer a los jóvenes de los estratos bajos el llegar hasta el bachillerato, debemos abrir los horizontes y bridar una verdadera oportunidad de crecimiento y desarrollo personal que les permita alcanzar, los sueños y metas de su proyecto de vida. En todo caso, la gratuidad no basta, sino que tendría que estar acompañada por medidas e incentivos que permitan reducir tanto la deserción como la ociosidad. 

Este proyecto de ley busca incluir en el Sistema Nacional de Becas, un programa que constituya una herramienta eficiente para acceder a la formación profesional a todas las personas de escasos recursos y que garantice oportunidades para todos. 

De la misma manera, según lo expuesto en los artículos 158-1 y 256 del Estatuto Tributario los programas de becas pueden ser formulados por instituciones de educación superior, tanto públicas como privadas. De acuerdo con lo anterior, las instituciones de educación superior, tanto públicas como privadas, están habilitadas para percibir los recursos a fin de financiar con dichos recursos programas de becas. 

Se debe tener en cuenta que de conformidad con el artículo 277 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y el artículo 2o de la Ley 1002 de 2005, el Icetex, en desarrollo de su objeto social, está autorizado para canalizar y administrar recursos propios o de terceros, becas y otros apoyos de carácter nacional e internacional, que estén orientados al fomento de la educación superior. 

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