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Por: El Observatorio de la Universidad Colombiana.

La angustia por la baja en la productividad aumentó con una resolución de Mintrabajo en la que señala que dará “poder preferente” a solicitudes para trámite de despidos colectivos o suspensión de actividades.

Aunque el ministro de Trabajo, Angel Custodio Cabrera Báez ha dicho, mediante una circular, que dicha cartera laboral no ha emitido autorización alguna de despido colectivo de trabajadores, ni de suspensión de contratos laborales, debido a la crisis por la que atraviesa el país con la pandemia del COVID-19, lo cierto es que de ese mismo Ministerio, con fecha 19 de marzo, salió la Resolución 803, firmada por el viceministro del Trabajo, Juan Carlos Hernández, en la que se define que:

El Ministerio ejercerá de manera oficiosa el poder preferente respecto de todos los trámites radicados o que se radiquen en todas las Direcciones Territoriales y Oficinas Especiales denominados “autorización a empleador para la suspensión temporal de actividades hasta por 120 días” y sobre “autorización empleador para despido colectivo de trabajadores por clausura de labores total o parcial en forma definitiva o temporal”.

Antes de la Resolución el ministro había insistido en que “el coronavirus no es un caso de fuerza mayor para hacer despidos, como algunas personas equivocadamente lo han manifestado”, y que “en este momento no se ha recibido solicitud de despidos colectivos o masivos, y no vamos a permitir que se recurra a esta medida. Habrá casos excepcionales muy puntuales, que hay que revisar, pero recuerden que un contrato de trabajo es un acuerdo de voluntades de dos partes y si el empresario decide unilateralmente cancelarlo, asume las consecuencias”.

La resolución no aclara si el poder preferente es para aprobar o negar las solicitudes, abre una ventana de especulación al respecto, así como el reconocimiento de un problema que puede agravarse con la duración de las medidas de salud pública por el coronavirus y, por ende, la fuerte baja en el trabajo, la productividad y la economía.

Según el artículo 51 del Código Sustantivo del Trabajo “los contratos pueden suspenderse cuando las empresas suspendan sus actividades o tengan clausuras temporales, total o parcialmente. Estas suspensiones pueden efectuarse hasta por 120 días, por “razones técnicas o económicas u otras independientes de la voluntad del empleador, mediante autorización previa del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social”.

Para algunos, esto puede motivar las llamadas “masacres laborales”.

Una alternativa, legal si hay consenso, son las licencias no remuneradas.

La situación en las IES

Tras una semana de suspensión de la actividad presencial y el teletrabajo en la gran mayoría de IES del país, y con la posibilidad de que esto se extienda otras semanas más, las instituciones de educación superior no tienen motivos para pensar en suspender actividades o recortar personal.

Esto, fundamentalmente, porque la estructura financiera de su “negocio” educativo, les ha asegurado, en principio, vía matrículas, los recursos necesarios para operar todo el semestre, pues la emergencia se dio cuando ya habían iniciado semestre académico y recaudado la gran mayoría de la matrícula.

Además, porque ninguna IES ha cancelado formalmente clases o semestre, y de forma virtual y en teletrabajo siguen operando.

De extenderse la situación en el tiempo, los trabajadores directamente asociados a las actividades presenciales y no virtualizables (como el personal de vigilancia, mantenimiento, jardineros y servicios generales y aseo, entre otros) sí podrían ser objeto de recorte, pero esta es una situación no admisible, por lo menos mientras que el semestre académico siga activo.

Fuente: https://www.universidad.edu.co/por-coronavirus-universidades-no-tienen-motivos-para-despedir-personal/