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Por: El Tiempo.

Rectores de siete instituciones enviaron documento que busca aportar para superar la crisis actual.

Por medio de una carta dirigida al Gobierno Nacional, los rectores de siete de las universidades más importantes del país emitieron sus propuestas de lo que consideran los temas claves que deben tratarse en medio del diálogo con diferentes sectores con el fin de superar la actual situación que atraviesa el país tras varios días de protestas.

Los firmantes son los rectores de la Universidad Javeriana, Universidad de Antioquia, Universidad de los Andes, Universidad Tecnológica de Pereira, Universidad Externado de Colombia, Universidad del Valle y la rectora de la Universidad Nacional de Colombia.

“Los rectores de las universidades colombianas signatarios de esta carta hacemos un reconocimiento al movimiento social en curso como expresión de las necesidades más sentidas de la sociedad”, señalaron los académicos, quienes desde hace varios días han respaldado el derecho a la protesta y haciendo un llamado a una salida negociada a la crisis actual.

Así mismo, los académicos hicieron un llamado a fortalecer el diálogo “amplio, inclusivo y honesto”, alrededor de temas que consideran estructurales y urgentes por medio de un gran pacto social. “Queremos contribuir a la agenda de discusión nacional proponiendo los siguientes temas estructurales”, señalaron.

El primer punto en la agenda propuesta por las universidades se encuentra la creación de un ‘Pacto fiscal y desarrollo económico y social incluyente’. Los académicos sostienen que es indispensable proponer e implementar una política fiscal, fruto de amplios acuerdos sociales y políticos, vinculada a los derechos de las poblaciones.

En cuanto a las críticas a la reforma de la salud, otra de las motivaciones del paro, las universidades sostienen que el ‘Derecho a la salud y sistema de salud’ también debe ser tratado en las conversaciones. “Debemos buscar mecanismos que garanticen el acceso universal, equitativo y de calidad a la salud pública colectiva e individual, más allá de los mecanismos de mercado”, se lee en el comunicado.

En la carta también se sostiene que es necesario avanzar en los diálogos sociales con el fin de alcanzar los consensos fundamentales que se requieren para asegurar la legitimidad de la democracia.

Por otra parte, también se pidió por la implementación de los Acuerdos de Paz, garantizar la participación ciudadana, atender la situación de los líderes y lideresas sociales, así como a los reincorporados.

Uno de los puntos más importantes del documento tiene que ver con las denuncias de abusos de la Fuerza Pública, algo en lo que los rectores mostraron especial preocupación:

“Debemos construir mecanismos sociales, legales e institucionales para garantizar el respeto a la vida, la dignidad y los demás derechos humanos para todos los ciudadanos, asegurando el derecho a la protesta social y la prevención del uso desproporcionado y arbitrario de la fuerza, así como la protección de los bienes públicos y privados”.

Por último, se pidió por el ‘Derecho a la educación y acceso equitativo al conocimiento’. Respecto a esto, se pidió la activa participación de las universidades: “Debemos asumir colaborativamente la construcción de una agenda de futuro para el país”.

Y agregaron: "Ponemos a disposición del país nuestras capacidades académicas y nos ofrecemos como espacios de diálogo para avanzar en la búsqueda de acuerdos".

Fuente: https://www.eltiempo.com/vida/educacion/la-propuesta-de-las-universidades-para-promover-el-dialogo-nacional-586408

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Por: El Observatorio de la Universidad Colombiana.

Además, la que será Ley de la República define Internet como un servicio público esencial y universal.

Se deberá garantizar un mínimo de navegabilidad y de mensajes de texto gratuitos para los usuarios, y no se podrá suspender el servicio.

La plenaria del Senado aprobó en último debate el proyecto de ley que busca que el internet sea un servicio público esencial y universal en Colombia, y que será Ley.

La iniciativa fue gestionada por el representante a la Cámara por Boyacá Rodrigo Rojas (foto), y por el también representante liberal del Cauca, Carlos Julio Bonilla.

“Logramos que los operadores presten un servicio eficiente y permanente pero, además, que en estados de excepción o de emergencia sanitaria como el que hemos enfrentado en los últimos meses, haya un mínimo de navegabilidad y de mensajes de texto gratuitos para los usuarios”, explicó Rojas.

Según el diagnóstico que sustentó el proyecto “solo 7.6 millones de hogares tienen acceso fijo a Internet, es decir apenas el 14% de las familias colombianas cuentan con el servicio. En la zona rural del país el problema de conectividad se agudiza aún más, donde apenas el 6,7% de hogares con niños estudiando entre los 5 y 18 años, cuentan con Internet”.

El proyecto de ley aprobado por el Senado será conciliado y pasará a sanción presidencial.

Así, Colombia se nivela con países como Argentina, México, Costa Rica, Holanda y Francia, que ya tienen considerado así este servicio.

El proyecto de ley analizado por el Congreso

“Ley de Internet como Servicio Público Esencial y Universal” o “Por medio de la cual se modifica la Ley 1341 de 2009 y se dictan otras disposiciones”

EL CONGRESO DE COLOMBIA DECRETA

Artículo 1º. Objeto. Esta ley tiene por objeto establecer dentro de los servicios públicos de telecomunicación, el internet como uno de carácter esencial y universal, con el fin de propender por garantizar y asegurar la prestación del servicio de manera eficiente, continua y permanente, permitiendo la conectividad de todos los habitantes del territorio nacional, en especial de los más vulnerables.

Artículo 2º. Modifíquese el artículo 2° de la Ley 1341 de 2009, modificado por el artículo 3° de la Ley 1978 de 2019, el cual quedará así:

“ARTÍCULO 2o. PRINCIPIOS ORIENTADORES. La investigación, el fomento, la promoción y el desarrollo de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones son una política de Estado que involucra a todos los sectores y niveles de la administración pública y de la sociedad, para contribuir al desarrollo educativo, cultural, económico, social y político e incrementar la productividad, la competitividad, el respeto a los Derechos Humanos inherentes y la inclusión social.

Las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones deben servir al interés general y es deber del Estado promover su acceso eficiente y en igualdad de oportunidades, a todos los habitantes del territorio nacional.

Son principios orientadores de la presente ley:

1. Prioridad al acceso y uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. El Estado y en general todos los agentes del sector de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones deberán colaborar, dentro del marco de sus obligaciones, para priorizar el acceso y uso a las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en la producción de

bienes y servicios, en condiciones no discriminatorias en la conectividad, la educación, los contenidos y la competitividad. En el cumplimiento de este principio el Estado promoverá prioritariamente el acceso a las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para la población pobre y vulnerable, en zonas rurales y apartadas del país.

1.1. Declaratoria de servicio público esencial. El internet será un servicio público esencial y universal. Los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones no podrán suspender las labores de instalación, mantenimiento y adecuación de las redes requeridas para la operación de este servicio.

(…)

11. Universalidad: El Estado propenderá por garantizar de manera progresiva el derecho efectivo al acceso de servicios de telecomunicaciones disponibles al público en general, con tarifas asequibles, con independencia de la localización geográfica y condición socioeconómica de los usuarios.

(…)

Parágrafo transitorio. Dentro del año siguiente a la vigencia de la presente ley, no se podrá suspender la prestación del servicio”.

Artículo 3°. Disminución de la brecha digital. Corresponde al Gobierno Nacional:

1. Promover el acceso a servicios de telecomunicaciones de calidad, de manera oportuna, eficiente y a precios asequibles y competitivos, a los habitantes de las zonas del país donde el costo de las inversiones para la instalación y el mantenimiento de la infraestructura hace que el suministro de estos servicios no sea financieramente rentable.

2. Promover el acceso a servicios de telecomunicaciones de calidad, de manera oportuna, eficiente y a precios asequibles y competitivos, a los habitantes del país que no tengan recursos suficientes para acceder a ellos.

3. Reducir la brecha digital, garantizar mayor igualdad de oportunidades, así como el disfrute de los beneficios de la sociedad de la información y el conocimiento por medio del fomento de la conectividad, el desarrollo de infraestructura y la disponibilidad de dispositivos de acceso y servicios de banda ancha.

4. Dotar de servicios de telecomunicaciones de calidad, de manera oportuna, eficiente y a precios asequibles y competitivos, a:

a. Las instituciones públicas de educación básica, media y superior.

b. Las poblaciones vulnerables con necesidades sociales especiales, como zonas rurales, municipios PDET, resguardos indígenas y demás priorizadas por el gobierno nacional.

Artículo 4°. Adiciónese un parágrafo nuevo al artículo 10° de la Ley 1341 de 2009, el cual quedará así:

“Artículo 10. Habilitación General. A partir de la vigencia de la presente Ley, la provisión de redes y servicios de telecomunicaciones, que es un servicio público bajo la titularidad del Estado, se habilita de manera general, y causará una contraprestación periódica a favor del Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Esta habilitación comprende, a su vez, la autorización para la instalación, ampliación, modificación, operación y explotación de redes para la prestación de los servicios de telecomunicaciones, se suministren o no al público. La habilitación general a que hace referencia el presente artículo no incluye el derecho al uso del espectro radioeléctrico.

(…)

Parágrafo 4o. En materia del servicio público de internet, será considerado como un servicio público esencial y universal.”

Artículo 5º. El Gobierno Nacional tendrá seis (6) meses para la reglamentación e

implementación de la presente ley.

Artículo 6º. Vigencia. La presente ley rige a partir de su publicación, y deroga todas

aquellas que le sean contrarias.

¿Quitar el IVA al internet?

Así mismo, el Congreso adelanta una propuesta con ponencia favorable del senador Richard Aguilar (Cambio Radical) la Comisión Tercera del Senado aprobó el proyecto de ley que le da carácter permanente a una medida tomada en medio de la emergencia producida por la pandemia del Covid 19, como es la eliminación del IVA al servicio de internet.

Fuente: https://www.universidad.edu.co/gobierno-tendra-que-dar-internet-eficiente-y-asequible-a-las-ies/

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Por: El Observatorio de la Universidad Colombiana.

El exgerente de RTVC y experto en estrategias empresariales Juan Ramón Samper reemplaza a Raúl Mauricio Acosta en esta IES, del Grupo Planeta.

La Corporación Universitaria Iberoamericana, que en conjunto con la Escuela Latinoamericana de Ingenieros, Tecnólogos y Empresarios -ELITE, hacen parte de la Red de Universidades del Grupo Planeta, decidió reemplazar a Acosta con el ingeniero mecánico y MBA (de Uniandes los dos títulos), Juan Ramón Samper Samper (foto).

Samper, nombrado rector mediante acuerdo 165 de la Sala General de La Ibero (presidida por Miguel Antonio Ricaurte Lombana y Martha Juliana Silva Nigrinis), además de haber sido gerente de Radio Televisión Nacional de Colombia (Rtvc), desde 2018, ha sido asesor del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, en temas relacionados con canales regionales de televisión y el sistema de medios públicos.

Desde 1998 trabajó con la Casa Editorial El Tiempo, donde estuvo liderando la marca del periódico y el portafolio de 17 marcas en total, entre las que se incluyen medios audiovisuales como Canal City TV. Fue también gerente general de Multirevistas S.A. editora de títulos como ‘Motor’, ‘Carrusel’ y ‘Aló’, entre otros.

En su hoja de vida reporta que en 2006 se dedicó a la docencia y la dirección universitaria en el CESA -Colegio de Estudios Superiores de Administración-, donde lideró el programa de educación superior en Mercadeo Estratégico. Ha sido asesor en control total de la calidad, estrategia corporativa, comercial y de negocio, y ha profundizado en temas de creación y patrimonio de marca, diseño de portafolio de marcas, posicionamiento, segmentación y medios en diferentes sectores como comunicaciones fijas y móviles, financiero, medios de comunicación, comercio e industria.

En misión diplomática en 2011, fue designado ministro plenipotenciario en la embajada de Colombia en Londres, en donde fue encargado de la representación ante la República de Irlanda y asumió los temas relacionados con ciencia y tecnología, educación, innovación e investigación de la agenda bilateral.

A su regreso al país, fundó Anzola y Samper, firma especializada en transformación estratégica de organizaciones y con la que ha participado activamente en proyectos exitosos como la transformación de Corpoica en Agrosavia.

Antes de Samper han sido rectores de La Iberoamericana, en la última década María Zulema Vélez, Rafael Stand Niño, Javier Alfredo Barrera y Raúl Mauricio Acosta.

Esta IES, cuyos programas más destacados han sido los de fonoaudiología y fisioterapia, también decidió incursionar en las modalidades a distancia y virtual, llegando a superar los 15 mil estudiantes. Según el reporte de SNIES, cerró el año 2.019 con 12.147; y según SNIES, a 2021, actualmente tiene 36 programas activos, de los que sus dos licenciaturas en educación cuentan con acreditación.

Fuente: https://www.universidad.edu.co/juan-ramon-samper-samper-nuevo-rector-de-la-iberoamericana/

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Por: El Heraldo.

La Gobernación anunció la destinación de $ 4.850 millones de pesos para garantizar la gratuidad de las matrículas para todos los estudiantes de la Universidad del Atlántico en el primer semestre de 2021.

Elsa Noguera, gobernadora del Atlántico, sostuvo que también fueron asegurados los recursos para la entrega de un chip con internet gratuito que les permita conectarse a los programas académicos.

“Seguimos muy comprometidos con la educación de nuestros jóvenes. En esta oportunidad asegurándonos de que tengan acceso gratuito a internet con más de 19.500 chips que serán entregados a los estudiantes del área metropolitana a través de un servicio de mensajería especializada y a los 18 municipios restantes en puntos de entrega a definir con la universidad”, sostuvo Noguera.

La mandataria indicó que para la conectividad se destinaron $ 2.520 millones, que cubren los dos semestres académicos de este año: “El servicio estará disponible a partir de este 15 de mayo para el semestre académico que acaba de iniciar, el pasado 26 de abril”.

La mandataria departamental, en su calidad de presidenta del Consejo Superior de la Universidad del Atlántico, convocó este martes a una sesión extraordinaria para formalizar la gratuidad del primer semestre para todos los estudiantes de pregrado.

“Destinaremos 2.330 millones para cofinanciar la gratuidad del primer semestre de 2021, como lo hicimos en los dos semestres de 2020, y para favorecer a todos los estudiantes de pregrado por el beneficio de nuestros jóvenes y para evitar la deserción por falta de recursos”, expuso Noguera.

Hablan los estudiantes

La comunidad educativa de la Universidad del Atlántico expresó su complacencia por el anuncio de gratuidad para el primer semestre.

El estudiante James Martínez resaltó el trabajo que adelantan el Consejo Superior y la Gobernación en pro del bienestar de los alumnos de la alma mater.

“Celebramos la continuidad de la gratuidad y los apoyos para la conectividad. Es algo que nos beneficia a todos en el marco de la pandemia, que sigue aquejando a toda la comunidad estudiantil”, expuso el representante ante el Consejo Superior.

Obras en Bellas Artes

La mandataria departamental también dio a conocer que Bellas Artes está cada vez más cerca de iniciar las obras de restauración.

El pasado primero de mayo quedaron radicados los diseños en la plataforma Sipa del Ministerio de Cultura y ahora la entidad debe revisarlos para, posteriormente, emitir una resolución que permita iniciar las obras de recuperación de este importante bien patrimonial.

Los diseños presentados abarcan un área de 6.800 metros cuadrados que incluyen los seis bloques de la parte delantera de la edificación.

Por otro lado, Uniatlántico busca la renovación de acreditación de siete programas: licenciaturas en Educación Especial, Ciencias Sociales, Educación Infantil, Humanidades y Lengua Castellana; además de Física y Matemáticas, y Arquitectura. Asimismo, se adelantan las gestiones para la acreditación del programa de Derecho.

Fuente: https://www.elheraldo.co/atlantico/destinan-recursos-para-gratuidad-en-matriculas-de-estudiantes-de-ua-814216

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Por: P. Harold Castilla Devoz. Rector de la Uniminuto. Para el Espectador.

Si algo claro nos ha dejado este momento de la historia, por causa de la pandemia, es que vivimos momentos de incertidumbre ante el futuro inmediato o lo que algunos han llamado “el día después”. Colombia no ha escapado a esta realidad. Ya la evidencia empírica muestra los impactos que a la fecha la crisis nos va dejado: vidas desaparecidas, fragilidad de los sistemas de asistencia social como en salud, educación y saneamiento básico que profundizarán la pobreza y la desigualdad, ralentización del ciclo económico, precariedad del mercado laboral, con mayor desempleo e informalidad, entre otros que están por verse. Ante este panorama, se habla ahora de una reactivación prudente o de la “nueva normalidad”, sin embargo, aún quedan muchas cosas por comprender y determinar el cómo seguir.

La verdad de esta pandemia es que nos ratifica, tal vez, lo que sabíamos y dábamos por hecho, pero no con la dimensión que hoy lo vemos, y es que nada es fijo y eterno en la vida. Esto también aplica para la educación superior que, forzada por este contexto, ya no puede seguir siendo la misma. Se imponen nuevos desafíos en todos los factores requeridos para su desarrollo y trascendencia. No obstante, el escenario de mediano y largo plazo todavía no es claro.

La construcción de escenarios futuros es responsabilidad de las Instituciones de Educación Superior que, teniendo como insumo el monitoreo permanente de variables asociadas a los contagios, muertes y recuperados, por un lado, y a los indicadores macroeconómicos, principalmente aquellos relacionados con la destrucción del empleo y el comportamiento de los sectores económicos, además de las políticas y acciones gubernamentales tanto nacionales como locales, por el otro, están llamadas a ofrecer una oportunidad para planificar mejor la salida de la crisis, en un marco de referencia apropiado.

Todos los escenarios construidos pueden variar, resultado de la naturaleza sin precedentes y la incertidumbre globalmente compartida de la situación, así como el corto tiempo disponible para recopilar, procesar y publicar información, que va perdiendo vigencia en cuestión de días, inclusive horas. En esencia, los dos aspectos más significativos que influyen en la normalidad institucional son las políticas de reactivación económica y las políticas de aislamiento social, además de esa búsqueda permanente para hacerlas coexistir.

Recientemente, el “tanque de pensamiento” de McKinsey señala que la realidad de la incertidumbre se agudiza mucho más por el impacto de la disrupción causada por la pandemia en las personas y las organizaciones del mundo, y que esta dependerá de tres factores clave: la profundización de la disrupción, la duración de esta y la forma de recuperación. Finalmente, se trata de responder a tres preguntas: ¿hasta dónde caerá la demanda?, ¿cuánto tiempo va a durar la crisis? y, por último, ¿qué forma puede tomar la recuperación?.

Siendo así, las Instituciones de Educación Superior deben entonces planear e implementar acciones que anticipen y enriquezca permanentemente los varios escenarios posibles, sus líneas de tiempo e impactos sin olvidar que estos estarán condicionados por la efectividad de las políticas económicas, de salud pública y educativas que se implementen. En este contexto, siguiendo a McKinsey, cada uno de los escenarios previstos tendrá implicaciones significativas y diferenciadas en al menos cuatro dimensiones del sistema de la educación superior colombiano: enseñanza y aprendizaje, inscripción y retención de estudiantes, profesores y personal, operaciones e infraestructura. Será necesario blindarlos de manera sólida para que la calidad de la educación superior del país no se venga a menos, reconociendo los avances que se han logrado, y para que todo esto no se traduzca en un impacto complejo en la estructura de ingresos y costos de las Instituciones de Educación Superior, atentando contra su viabilidad.

Finalmente, en ese “próximo normal”, la reanudación gradual de las actividades presenciales de las Instituciones de Educación Superior debe verse como una oportunidad para repensar y, en la medida de lo posible, rediseñar los procesos de enseñanza y aprendizaje, sacando partido de las lecciones dada por el uso intensivo de la tecnología; y a su vez, cobra especial atención el cómo abordar la equidad y la inclusión social de todos los colombianos en el sistema de educación superior, de forma tal que sea realmente una oportunidad para todos.

Fuente: https://www.elespectador.com/educacion/el-dia-despues-para-la-educacion-superior-article/

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Por: Universidad Tecnológica de Pereira – UTP.

La UTP en el grupo de las mejores instituciones de educación superior, por su aporte al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, según ranking de Impacto Times Higher Education, THE IMPACT 2021.

Por todas las acciones que la Universidad Tecnológica de Pereira adelanta en el cumplimiento de sus funciones misionales, ha sido destacada entre las instituciones de educación superior que realizan un aporte para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU.

Así se desprende de los resultados del ranking de Impacto Times Higher Education, THE IMPACT 2021, en el que participaron 1.115 universidades a nivel internacional.

Sobre el trabajo de la UTP alineado a los ODS de la ONU, se destacan aspectos como Educación (objetivo 4) donde la UTP se ubica en el 25% de las universidades con mayor puntaje; Lucha contra el hambre y seguridad alimentaria (objetivo 2); Lucha contra la pobreza (objetivo 1); Acción Climática (Objetivo 13); Agua y Saneamiento (objetivo 6); Producción y consumo sostenibles (12) y Trabajo conjunto (17), en los cuales se obtuvo una calificación por encima de la media de la universidades participantes.

Entre las iniciativas analizadas por THE, está la contribución que hace la UTP en materia de sostenibilidad ambiental conservación de especies vegetales y animales, que no se queda al interior del campus, sino que se replica con diversas comunidades de la región; así como las actividades de recolección de residuos sólidos y manejos de aguas servidas a través de sus plantas de tratamiento de aguas residuales. A eso se suman los trabajos investigativos realizados en la materia por diversos laboratorios.

Así mismo, el apoyo brindado a su comunidad educativa, en especial a sus estudiantes para garantizar su egreso exitoso a través de apoyos socioeconómicos como con bonos alimenticios, transporte y becas, sumados a los apoyos psicosociales.

El ranking de impacto de Times Higher Education, es una clasificación que evalúa las Universidades con respecto a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU a partir del impacto en la sociedad.

Fuente: https://comunicaciones.utp.edu.co/noticias/47990/utp-entre-las-mejores-por-su-aporte-a-los-objetivos-de-desarrollo-sostenible

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Por: Ministerio de Educación Nacional de Colombia.

El apoyo se logra gracias a los aportes que superan los $1.33 billones, fruto del trabajo en equipo con mandatarios locales e Instituciones de Educación Superior públicas.

El Gobierno del presidente Iván Duque, ratifica su compromiso con la Educación Superior pública, haciendo equipo con las autoridades locales e Instituciones de Educación Superior (IES) públicas, con aportes que para esta vigencia que superan los $1,33 billones de pesos, que han permitido a 669 mil jóvenes de las IES públicas un apoyo al pago de su matrícula y así continuar con sus estudios durante el primer semestre de 2021.

A través del Fondo Solidario para la Educación, creado mediante el Decreto Legislativo 662 de 2020, se avanza en el desembolso de $98.800 millones que se suman a los recursos destinados a través de programas para el acceso y permanencia como Generación E, que a través de una alianza estratégica con Prosperidad Social, permitirá, a través del componente de Equidad, el acceso a jóvenes en condiciones de vulnerabilidad, con el pago de matrículas y apoyos de sostenimiento de los estudiantes de las Universidades e Instituciones Técnicas, Tecnológicas y Universitarias públicas que tienen oferta académica disponible a lo largo del país.

En esa misma ruta se suman los anuncios por $86.384 millones presentados por gobernadores y alcaldes de todo el país y por las mismas instituciones públicas, para brindar auxilios adicionales de matrícula que permiten mitigar los posibles efectos de la actual situación que atraviesa el país provocada por el Covid-19 y que ha afectado a los jóvenes y a sus familias.

Es importante también señalar que, desde 2019, se vienen destinando los recursos adicionales para funcionamiento e inversión para el fortalecimiento de las Instituciones de Educación Superior públicas, honrando los Acuerdos suscritos en 2018 con rectores, profesores y estudiantes de la educación superior y contribuyendo a que las regiones consoliden una oferta de calidad.

Con la asignación de estos recursos el Gobierno Nacional reafirma el compromiso del presidente Iván Duque de seguir avanzando para fortalecer la Educación Superior, haciendo equipo con gobernadores y alcaldes, instituciones y comunidad educativa para garantizar el desarrollo de las actividades académicas.

Fuente: https://www.mineducacion.gov.co/portal/salaprensa/Noticias/405017:Durante-el-primer-semestre-de-2021-un-total-de-669-mil-jovenes-de-las-Instituciones-de-Educacion-Superior-publicas-han-recibido-apoyos-para-el-pago-del-valor-de-la-matricula-y-gastos-de-sostenimiento

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Por: Fundación Tecnológica Alberto Merani.

En mayo 19, 20 y 21, se realizará el Congreso Internacional virtual ¿Qué hacen los mejores educadores del mundo? con el fin de brindar a los asistentes las mejores herramientas pedagógicas existentes en el mundo, para inspirar la cualificación de los desempeños formativos frente a los desafíos educativos actuales.

Contará con la participación de reconocidos líderes e innovadores en el ámbito académico como son: Robert J. Sternberg, creador de la Teoría Triárquica de la Inteligencia y de la Teoría Triangular del Amor; investigador pionero en Psicología Cognitiva y citado más de 190.000 veces en la literatura profesional, con un índice H de 213. También estará Linda Castañeda, Profesora Titular de Tecnología Educativa del Departamento de Didáctica y Organización Escolar de la Universidad de Murcia, España; Miguel De Zubiría Samper, fundador de la primera institución educativa para niños y jóvenes con inteligencia excepcional en Colombia: el Instituto Alberto Merani; y Sindey Carolina Bernal, integrante del Top 50 del Global Teacher Prize 2020, ganadora del Globant Awards 2020, categoría Rising Star a nivel nacional e internacional.

Adicionalmente los asistentes podrán participar en dos talleres temáticos relacionados, con realidad aumentada en la educación, enseñanza de la felicidad, el desarrollo de procesos de pensamiento, la identificación del talento, la gamificación y el desarrollo del pensamiento crítico.

También tendrán la oportunidad de conocer las mejores innovaciones educativas de la mano de docentes nacionales e internacionales.

Esta es una excelente oportunidad para aprender, conocer y fortalecer las competencias profesionales para aplicarlas en el campo educativo y académico.

El congreso es organizado por la Fundación Alberto Merani – Proyectos- y por la Fundación Tecnológica Alberto Merani.

Más información en: www.albertomerani.org

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Por: El Tiempo.

La educación del país recorre un camino desde 1580, cuando se fundó la primera institución superior.

Tras la independencia de España, una de las preocupaciones fundamentales de Santander y de Bolívar era convertir “un pueblo de vasallos del rey en uno de ciudadanos de la república” y lograr que el Estado recuperara el control sobre la educación, hasta entonces en manos de la Iglesia y de diversas órdenes religiosas. “Querían una enseñanza enfocada en lograr más técnicos, más ingenieros y menos curas, filósofos y abogados. La instrucción pública debía estar al servicio de los urgentes intereses de supervivencia de la recientemente formada nación”, asegura el historiador Luis Enrique Rodríguez Baquero.

A lo largo del siglo XIX, el debate en torno a la educación se concentró en el papel de las instituciones en la formación de los ciudadanos. Del planteamiento de una educación gratuita, laica y obligatoria se pasó a propuestas menos liberales y más enfocadas a que la Iglesia recuperara el manejo de la instrucción. “La educación se convirtió en tema de importancia estratégica para los distintos proyectos políticos que compitieron por protagonizar y dominar la vida institucional de la nación. Cada vez que a la presidencia de la república llegaba un partido, la organización educativa vigente era objeto de total revisión y modificación”, acota el historiador.

Al terminar la guerra de los Mil Días en 1902 e iniciarse el nuevo siglo, el gobierno del presidente José Manuel Marroquín gestionó una política de reconstrucción económica y social que se expresó en la expedición de una serie de leyes con el propósito de regular y organizar la administración pública. En ese contexto se expidió la Ley 39 de 1903, que fue de capital importancia para la evolución de la educación en el país. “En sus disposiciones quedó expresa la influencia de la Iglesia católica en la enseñanza, la distribución de las responsabilidades financieras y administrativas entre la Nación, los departamentos y los municipios sobre la educación, la división rural urbana de la educación primaria, y la división técnica versus clásica de la educación secundaria”, sostiene Rodríguez Baquero.

Además, se dividió la enseñanza oficial en primaria, secundaria, industrial, profesional y artística. Y se estipuló expresamente que la educación pública en el país debía estar regida por los cánones de la religión católica y que la educación primaria debería ser gratuita pero no obligatoria.

Con la llegada al poder de Rafael Reyes (1904-1909) se aumentó el presupuesto para la educación y construcción de escuelas y colegios, y se estableció que, como resultado de la descentralización administrativa, el sistema escolar tendría la siguiente estructura: la Nación ejercería la función de inspeccionar y proporcionar útiles y textos a todas las escuelas primarias del país; cada departamento aportaría los recursos para prestar el servicio, pagar los maestros y asumir la dirección, protección y supervisión de la educación primaria, y cada municipio suministraría locales, mobiliarios y enseres para el funcionamiento de las escuelas urbanas y rurales. A su vez, cada concejo municipal apropiaría los recursos necesarios para suplir los requerimientos mencionados.

Más centralización

A partir de los años treinta, de acuerdo con una investigación del Banco de la República hecha por José Darío Uribe Escobar, María Teresa Ramírez y Juana Téllez, Evolución de la educación en Colombia durante el siglo XX, el gobierno liberal de Enrique Olaya Herrera modificó sustancialmente la política educativa del régimen conservador y orientó sus esfuerzos a centralizar el sistema. En ese mismo sentido, el gobierno de Alfonso López Pumarejo “juzgó la descentralización educativa como una de las principales causas del atraso de la educación en el país”.

Al iniciarse la década de los años cincuenta, la educación inició un proceso de avance significativo. “La mejora en las cifras educativas se dio en paralelo con una serie de cambios políticos, demográficos y de estructura económica que vivió el país durante estos años. En términos políticos, la primera etapa de esta expansión ocurrió a pesar de la violencia política observada entre 1946 y 1957”, precisan los investigadores.

Otro cambio fundamental en la educación se dio con la expedición de la Ley 30 de 1992, que la puso a tono con la apertura económica y se enfocó en que las universidades aportaran al desarrollo de nuevas tecnologías. Se supuso que los sectores privado y estatal podrían competir con mayor iniciativa en el mercado mundial, que se cerraría el abismo entre la educación y la realidad del país y, particularmente, que las universidades tendrían el compromiso de establecer posgrados y doctorados.

Con esta ley se instituyó la autonomía universitaria y se determinó que las instituciones de educación universitarias o tecnológicas tendrían autonomía para elegir sus directivos, manejar su presupuesto, fijar los costos de matrículas y adoptar sus regímenes de alumnos y docentes. Más importante aún, se ratificó la plena libertad de cátedra, según lo consagrado en la Constitución Nacional. Al Icetex se lo encargó de asignar becas y créditos a los estudiantes según excelencia académica y su escasez de recursos económicos.

La U en las regiones

Tras la expedición de la Ley 30 y de otras reformas posteriores, las universidades regionales adquirieron notable influencia e importancia en el contexto de la educación colombiana y pudieron tramitar licencias para nuevos programas de manera más rápida, por ejemplo. Hasta los años ochenta el acceso a la educación superior era restringido y limitado, la oferta de universidades se limitaba a las grandes capitales y no cubría extensas zonas del territorio en donde la demanda era importante. La única opción para estudiar una carrera era emigrar a Bogotá, Medellín o Cali.

Hoy, la oferta de las universidades regionales es grande en número de establecimientos y programas. Cada capital del país tiene entre 12 y 15 instituciones de educación superior con cobertura en todas las áreas del conocimiento. En ese sentido, la Asociación Colombiana de Universidades considera que las universidades regionales deben seguir enfocándose en ofrecer más carreras técnicas y tecnológicas, con enfoques que estén de acuerdo con la realidad de sus zonas de influencia.

Al decir del investigador Santiago Borda Esquivel, la discusión que se está generando frente al modelo educativo brinda un espacio de discusión de propuestas enfocadas en el desarrollo de mejores profesionales y universidades comprometidas con el desarrollo del país. “La ley de regalías, en la cual se aprobaron los Fondos de Ciencia y Tecnología, de Desarrollo Regional y el Fondo de Compensación, brinda recursos para que surjan iniciativas locales en donde el desarrollo y la creación de conocimiento responda a sus necesidades”.

En su criterio, las expectativas de crecimiento económico del país, con los tratados de libre comercio, aumentan los incentivos a crear empresa y agilizan procesos que pueden llevar a estos centros a consolidarse como promotores del desarrollo.

Cobertura de la educación superior

Según el Ministerio de Educación Nacional, a 2021 la oferta de programas académicos con registro calificado de las instituciones de educación superior incluía 7.290 programas de pregrado, de los cuales 679 son técnicos profesionales; 2.183, tecnólogos, y 4.393, profesionales universitarios y 35 son especialización tecnológica. Se ofrecieron 6.527 programas de posgrado; de estos, 4.014 fueron especializaciones; 2.169, maestrías, y 344, doctorados.

Entre tanto, y por áreas de conocimiento, el 24,1 % de los programas acreditados con alto nivel de calidad corresponden a ingeniería, arquitectura y urbanismo; el 14,5 %, a economía, administración, contaduría y carreras afines; el 13,6 %, a ciencias de la educación; el 12,5 % a ciencias de la salud; el 11,5 % a ciencias sociales y humanas; el 8,3 % a bellas artes; el 7,5% a matemáticas y ciencias naturales; el 4 % TIC y el restante 3,8 % a programas de agronomía, veterinaria y afines.

En 2019 los diferentes programas de educación superior registraron 2’396.250 estudiantes, de los cuales 2’208.613 estaban matriculados en programas de pregrado (técnicos profesionales, tecnológicos o universitarios) y 187.637 en programas de posgrado.

Por nivel de formación académica, 81.805 estudiantes (3,4%) pertenecían al nivel técnico profesional, 574.730 (24%) al tecnológico, 1’552.078 (64,8%) al universitario, 116.783 (4,9%) a especialización, 64.282 a maestría (2,7%) y 6.572 a doctorado (0,3%).

Del total de estudiantes el 50,8% asistieron a instituciones públicas y el 49,2% a instituciones privadas.

Fuente: https://www.eltiempo.com/mas-contenido/la-universidad-otra-de-las-promotoras-del-desarrollo-583836

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Por: Caracol Radio.

El ministro de salud, Fernando Ruíz confirmó que esta decisión se tomó con el fin de apoyar el regreso seguro a las aulas.

Luego de que diferentes instituciones de educación superior, entre esas la rectora de la Universidad Nacional, Dolly Montoya, enviara una carta al Ministerio de Salud solicitándole la priorización de la vacunación para todos los docentes del país, el gobierno se pronunció.

Básicamente, lo que confirmó el ministro de salud, Fernando, es que la decisión la adoptó el Comité Asesor de Expertos, en el sentido de que todos los profesores y el personal de apoyo administrativo de estas instituciones serán inmunizados contra el Covid-19 en la etapa III del Plan Nacional de Vacunación.

Importante anotar que ayer, el Gobierno Nacional también anunció que se priorizará en la próxima etapa, a las personas que tienen entre 50 y 59 años de edad y a personas con enfermedades como arritmias cardiacas, síndrome de Down, Esquizofrenia, entre otras.

Fuente: https://caracol.com.co/radio/2021/05/05/salud/1620179530_939976.html

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Por: Universidad Pedagógica y Tecnológica De Colombia –UPTC.

Se produjo en la categoría de movilidad académica gracias al trabajo realizado por la Dirección de Relaciones Internacionales, y su responsable manejo frente a las buenas prácticas de internacionalización en Iberoamérica, lo que la posiciona no solamente en el contexto nacional sino internacional, como una excelente Universidad en temas de educación superior.

Junto con la UPTC, en esta misma categoría fueron galardonadas, la Fundación Universitaria del Área Andina, Colombia; la Universidad de Buenos Aires, Argentina; la Universidad EAN, Colombia y la Universidad Técnica Particular de Loja (Ecuador).

El resultado lo dio a conocer, la Organización de Estados Iberoamericanos OEI, junto con el Instituto Internacional para la Educación Superior en América Latina y el Caribe, IESALC-UNESCO; la Universidad Autónoma de Bucaramanga de Colombia, la Universidad de Alcalá de España, la Universidad Nacional de Córdoba de Argentina y la Asociación Colombiana de Universidades, ASCUN.

En la convocatoria participaron 59 universidades de 14 países de toda la región. Las cinco que han obtenido la mejor puntuación en cada categoría harán parte del Manual Iberoamericano de Buenas Prácticas en Internacionalización, que la OEI publicará próximamente.

La responsable en movilidad entrante, de la Dirección de Internacionalización de la UPTC, María Isabel Valderrama, atribuye este logro al incremento en las estadísticas de movilidad en doble vía, tanto los que visitan la universidad, cómo los docentes, estudiantes e investigadores de la UPTC que van a universidades e instituciones internacionales.

“El resultado se ve reflejado en el trabajo que se ha hecho en la actualización del marco normativo y en los procedimientos que finalmente, buscan facilitar y promover el acercamiento a otras culturas, a otros modelos académicos que son complementarios a los que tenemos, y que promueven el crecimiento a los procesos de internacionalización y sus buenas prácticas”. Indicó la profesional, María Isabel Valderrama.

Añadió: Con el establecimiento de la política de internacionalización, se pudo establecer una hoja de ruta para destacar los distintos enfoques de los ejes de internacionalización que no solamente es movilidad, sino que también manejamos líneas en gestión internacional, currículo, investigación clases espejo, e internacionalización en casa, entre otros.

“La UPTC se ha destacado por tener un mapa y una estructura clara de cómo son sus procesos de internacionalización, los cuales son transversales a todos los enfoques misionales de la Universidad, y eso facilita el trabajo colaborativo, un colegaje entre todos los estamentos académicos que promueven un crecimiento y una coordinación en las actividades”.

Las tres primeras universidades seleccionadas en la categoría, tendrán la ocasión de presentar sus propuestas en el Seminario Iberoamericano sobre Prácticas de Calidad en Internacionalización, que se celebrará finalmente en formato virtual los días 9 y 10 de diciembre del presenta año, y que servirá también para plantear soluciones prácticas que ayuden a incrementar la movilidad en la región iberoamericana.

Fuente: https://www.uptc.edu.co/sitio/portal/cal_not_eve/noticias/det/UPTC-galardonada-por-la-Organizacion-de-Estados-Iberoamericanos-OEI/

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Por: Asuntos Legales.

El proyecto pretende que los ciudadanos puedan participar activamente en el sistema judicial colombiano y haya más equidad.

El Senado de la República informó que en Plenaria aprobó el último debate, y por unanimidad, el proyecto de ley que busca regular el funcionamiento de los consultorios jurídicos de las instituciones de educación superior y que, inclusive, ampliará la prestación de sus servicios.

La incitativa fue guiada por el Gobierno Nacional y por el Ministerio de Justicia y Derecho. Como primera medida, se busca que el proyecto actualice la regulación de dichos centros para ofrecer mejores técnicas, estrategias, aptitudes y habilidades prácticas para los jóvenes que se estén formando en derecho.

En segundo lugar, el proyecto pretende que los ciudadanos puedan participar activamente en el sistema judicial colombiano, para que, de esta forma, la población tenga voz y pueda acceder a los servicios de los consultorios.

Según Wilson Ruiz Orejuela, ministro de Justicia, luego de la aprobación del proyecto en el Senado, el siguiente paso es que la propuesta se convierta en Ley de la República. “La regulación del funcionamiento de los consultorios jurídicos contribuye a la formación integral de los profesionales del Derecho mediante el fortalecimiento de su función ética y social, y a la consolidación de las instituciones educativas como escenarios de aprendizaje práctico”, dijo.

El jefe de cartera de Justicia añadió que la iniciativa quiere que los estudiantes de ciencias jurídicas adquieran perspectivas adicionales en igualdad y respeto por la igualdad y la inclusión. Agregó que es necesario “garantizar los ajustes necesarios para que estudiantes, docentes y beneficiarios de los consultorios jurídicos puedan tener acceso y participar activamente”.

Uno de los cambios más significativos que está comprendido dentro del proyecto es la ampliación de los servicios sobre la conciliación en derecho, equidad, representación judicial y extrajudicial. Además, se ampliarán las actuaciones administrativas, el litigo estratégico y los servicios de mediación en los casos.

Fuente: https://www.asuntoslegales.com.co/actualidad/el-senado-de-la-republica-dio-luz-verde-a-proyecto-de-ley-sobre-consultorios-juridicos-3161437